Air-e llegó en 2020 para "solucionar los problemas que Electricaribe dejó", y que perjudicaron a la población costeña, pero cuatro años después, el remedio no terminó siendo la cura para la enfermedad. La Superintendencia de Servicios Públicos tuvo que intervenir a la empresa por su falta de recaudo e inconvenientes para continuar con la prestación del servicio. 

El 10 de septiembre pasado el representante jurídico de Air-e, abogado Jaime Lombana, dio un aviso de lo que terminó pasando: "Las directivas de la empresa le han solicitado al Gobierno Nacional, que intervenga (...) Esta es la crónica de una crisis anunciada. La empresa no aguanta más de 4 o 5 días", dijo a Atlántico en Noticias.

Además, por esas mismas fechas la compañía había notificado de un ataque cibernético que le había impedido hacer la facturación con normalidad. 

Los dueños de Air-e levantaron la mano pidiendo la intervención del Gobierno Nacional y el Presidente Gustavo Petro, que siempre se mostró abierto a tomar control de la compañía, ordenó a través de la Superservicios hacerse cargo de la empresa que comercializa el servicio de energía para Atlántico, La Guajira y parte del Magdalena el 12 de septiembre.

La primera decisión fue designar al experimentado Carlos Diago como interventor, quien en su primera declaración, también a Atlántico en Noticias, afirmó que recibía "un camión destartalado".

Incluso, Diago reveló que la intervención se iba a realizar antes, pero el paro camionero postergó la decisión. "La empresa realmente está paralizada, está en shock", puntualizó Diago.

Es más, catalogó como "un despelote en la parte de tecnología" el problema de facturación por culpa del hackeo y lo puso en tela de juicio, lo que hoy lo llevó a ser denunciado penalmente.

Opción tarifaria, diferida 

Tras la intervención, el Alcalde Alejandro Char anunció que, después de una reunión con Diago, el servicio de energía se iba a reducir entre el 20% y 25%, ya que se suspendía el cobro de la opción tarifaria. Esto motivó la molestia de Petro, a quien no le gustó que otra persona diera la noticia, pese a que su compromiso con la Costa era pagar todo lo que se debía, no diferir la “mentirilla” de la opción tarifaria, como lo había catalogado. 

Este renglón en la factura ha sido causante de muchas idas y venidas entre todas las partes, en principio porque Air-e decidió cobrar desde diciembre de 2023 un gran porcentaje de esta deuda adquirida en época de pandemia, recaudando un total de $486 mil millones hasta agosto de este año, pero restando $382.822 millones.

Sin embargo, la suspensión no fue más que diferir a 10 años lo que faltaba, por lo que el propio Gobernador Eduardo Verano pidió a la Nación soluciones reales, puesto que prácticamente los usuarios habían pagado la totalidad de la opción tarifaria.

La reducción por esta decisión de diferir este pago se notó en los usuarios, pero había un punto que no estaba funcionando como se esperaba: el agente interventor Carlos Diago.

Sus explosivas declaraciones en medios de comunicación fueron frecuentes y cuando anunció el 3 de octubre que Air-e no iba a seguir cobrando el alumbrado público, la tasa de seguridad y el aseo generó un conflicto con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, que pidieron replantear la decisión.

Nuevo agente interventor

Diago solo estuvo 43 días en el cargo y el 25 de octubre una ficha del Gobierno Nacional, Edwin Palma, quien fue viceministro de Relaciones Laborales, agarró la "papa caliente" de Air-e.

"Dedicaré todos los esfuerzos para cumplir la misión que se me ha encomendado en el marco de la Constitución y la ley, particularmente la de reducir tarifas  en especial para la población más vulnerable”, fueron las palabras de Palma en su posesión.

Su primer chicharrón fue solucionar la facturación y poco a poco lo fue logrando, pero su misión también estaba encaminada a solventar los ya mencionados cobros añadidos a la facturación de la compañía. Además, fue encargado de solucionar los problemas de Air-e para la compra de energía, puesto que la exposición a la bolsa ha sido una de las explicaciones a lo largo de estos años para explicar lo caro del servicio.

Pero el coctel de problemas no paró, ya que el comité intergremial, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, denunciaron que la intervención generó congelamiento en las deudas previas y el atraso en el pago de las obligaciones corrientes, que superan los $500 mil millones.

Palma también aprovechó su llegada para denunciar irregularidades dentro de la empresa, como los salarios de hasta $85 millones a algunos de sus directivos. "Altos salarios que no se compadecen con una empresa en crisis", dijo en aquel momento.

El agente interventor insistió en que las generadoras no le querían vender energía a la empresa y por ende estaba siendo muy difícil ofrecer tarifas accesibles a los usuarios, por lo que la Creg emitió una resolución que permite la compra directa por parte de la compañía.

Además, expidió una resolución para poner tope a los precios de energía en la bolsa, el problema con esta decisión, como reconocería el propio Petro en Barranquilla el 12 de diciembre, es que no obligaba a las generadoras a su aplicación de inmediato, sino en 2027. 

El Presidente anunció que decretará un tope del 5% del valor de energía en la bolsa, algo que ha sido criticado por expertos y el sector energético en su gran mayoría.

Calificar de exitosa o fracaso la intervención en este momento es prematuro, pero sí existen interrogantes en nombramientos como el del empresario Germán Londoño Montalvo, mencionado en el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Nicolás Petro, como Jefe de División de Ventas y Comercio.

Además de si las decisiones del Gobierno bastarán para que al fin Air-e baje su exposición en la bolsa de energía.

Tutela del Personero

Mientras Air-e intenta salir de todos sus problemas, buscando escapar de la muy probable liquidación, los personeros de Barranquilla y Santa Marta, Miguel Alzate y Edwar Orozco, respectivamente, interpusieron una tutela y el Tribunal  Administrativo del Atlántico le ordenó al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) modificar el régimen tarifario del servicio de energía, para lograr su reducción.

Los personeros lo anunciaron el 26 de agosto y 15 días después del fallo la Creg realizó una audiencia pública para evaluar el impacto económico y social de lo dejado por el Gobierno de Iván Duque en su Plan Nacional de Desarrollo y 10 días más tarde comenzó su actuación administrativa para modificar el régimen tarifario.

En conversación con Zona Cero, Miguel Alzate resaltó que hasta ahora la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha cumplido con la emisión de resoluciones que permitan unas tarifas más justas para los usuarios de la región Caribe.

Destacó que las tarifas han logrado una reducción del 10 al 15% con las medidas cautelares y sostuvo que espera que para el primer trimestre del 2025 la facturación esté balanceada para los usuarios.

La Creg ha realizado varias audiencias públicas por todo el país para solucionar sus decisiones y, explicó Alzate, en un encuentro privado con los personeros se definieron hasta 13 medidas que atacan cada uno de los componentes de la tarifa, desde la generación hasta la comercialización.

“Estas medidas deben en el corto y mediano plazo desmontar definitivamente este régimen tarifario especial que cabe aclarar que hoy en día prácticamente es inaplicable todas esas prerrogativas que le entregaron a la empresa para poder iniciar operación”, afirmó.

La propia Creg ha destacado que se desmontó el cobro de las pérdidas adicionales y también expidió el decreto para los topes de energía, aunque este, como se dijo en el pasado, no tiene un efecto inmediato, por lo que Petro lo decretará. 

También se publicó para consulta una resolución que impacta en el indicador que define el precio de la energía, que ahora buscará una combinación entre el Índice de Precio al Consumidor (IPC) y el índice del Precio al Productor (IPP).